La autarquía económica había llevado a la economía del Estado al borde de la quiebra. A pesar de la apertura exterior iniciada en 1953 después de los acuerdos con Estados Unidos y el Concordato con la Santa Sede, la situación tienen fuerte altibajos debido a problemas estructurales que tienden a crear inflación, con sectores muy poco modernizados. En el año 1957 cambia el gobierno y entran los tecnócratas del Opus Dei: Ullastres ministro de Comercio y Navarro Rubio de Hacienda, personalidades de una sólida formación económica conservadora y con métodos de gestión autoritarios
Sus primeras medidas
liberalizadoras son de carácter fiscal (modificando la política
tributaria creando el IRPF, el impuesto de
sociedades y el de rentas de capital, para evitar el fraude fiscal anterior,
Mateos y
Soto), laboral (con la ley de convenios colectivos (1958)
que, sin embargo servirá como plataforma para la creación de CC OO) y
monetarias (devaluando la moneda para encauzar el déficit crónico de la
balanza comercial)
Tras ellas llega el Plan de Estabilización, aconsejado
por el Fondo Monetario Internacional que resultaba la superación al tradicional
miedo al mercado (Mateos y Soto. Sus objetivos principales eran contener la inflación a
través del control de los créditos de la banca privada, reducir el déficit público (disminuyendo
el gasto público y aumentando los impuestos indirectos de la gasolina y el
tabaco), liberalización de los
sectores económicos permitiendo la creación de sociedades mixtas con un 50%
de capital extranjero y equilibrar
el valor de la peseta en el exterior, recurriendo a una nueva
devaluación y vinculando la peseta al modelo Bretton Woods
Este plan tuvo a corto plazo unos resultados nefastos especialmente para los
colectivos más débiles (Tamames),
congelando los precios, enfriando la economía y generando paro, lo cual
generó un fuerte movimiento migratorio
exterior y más tarde interior. En su favor hay que anotar la ruptura de los esquemas autárquicos, la
mejora de la balanza de pagos y el equilibrio presupuestarios; todos
precisos para acometer la segunda oleada de reformas desarrolladas en los
sucesivos Planes de Desarrollo
frente de los cuales se colocó al tecnócrata López Rodó en 1964 y hasta el 75
Tras su implantación se inicia un despegue económico (milagro español) gracias a las
inversiones extranjeras en el sector
industrial (atraídas por el carácter disciplinado de la mano de obra
controlada por los sindicatos verticales, y el bajo precio de la mano de obra)
y la entrada de divisas propiciada
por el turismo y los envíos de los inmigrantes en Europa.
Se consigue así que, en 1970, España pueda ser
considerada como un país desarrollado, aunque con graves problemas económicos.
No se consigue equilibrar su balanza comercial (diferencia entre lo que se exporta y lo que se
importa), sin embargo logra equilibrar la balanza de pagos (diferencia
entre los capitales que se ingresan y los que salen). Esto se consigue gracias
a los ingresos por turismo, que se constituye como primera empresa
nacional dado su efecto locomotora sobre otros sectores (construcción,
restauración). Su interés por su rápido desarrollo creará, sin embargo, una
construcción poco planificada que llegará a arruinar medioambientalmente una
parte de nuestro litoral y cascos históricos (Domínguez Ortiz)
Se mantienen (y potencian) los desequilibrios territoriales pese al intento de creación de los Polos
de Desarrollo, agravándose la diferencia
económica y demográfica entre el centro y la periferia, con excepción de
Madrid. Existirá también un fuerte
déficit de infraestructuras de transportes, una escasa modernización agrícola y
un régimen fiscal regresivo que incide en los escasos recursos estatales para
sanidad, educación o vivienda.
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